TTIP la dictadura de las Corporaciones

Ahora, mientras tus ojos repasan estas líneas se está fraguando el mayor ataque contra la soberanía y los derechos de los ciudadanos de toda Europa. EEUU y Europa están negociando en secreto un acuerdo de libre comercio que supondrá el mayor recorte de derechos de la historia. Será el siguiente paso en la agenda oculta tras la dura crisis-estafa financiera. Estad muy atentos a la siguiente vuelta de tuerca que la élite tiene pensada para nosotros.

Febrero de 2015.

El 12 de febrero de 2013, Barack Obama, Van Rompuy y Durao Barroso, presidentes de EEUU, Consejo europeo y Comisión europea respectivamente, anunciaron que se iniciarían los procedimientos orientados a entablar negociaciones para la creación de una zona transatlántica de libre comercio. Pero tras este anuncio se corrió una cortina de silencio. Muchos grupos ciudadanos trataron de obtener información sobre estas negociaciones sin éxito.

De hecho, gracias al Tratado de Lisboa (2009), la Comisión Europea tiene capacidad negociadora sin tener que participar directamente los estados miembros. El 14 de junio de 2013, los estados validaron las recomendaciones de la Comisión que le confieren poderes para negociar con Washington; este hecho hizo que las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio puedan ser opacas a todo el mundo.

Poco a poco, la alarma se fue propagando entre los grupos activistas que iniciaron peticiones de documentación sobre el proceso de negociación. Pero las respuestas que reciben no son tranquilizadoras: los documentos solicitados están clasificados.

La documentación es secreta incluso para los eurodiputados. Inicialmente sólo siete obtienen acceso, a petición, a una sala de lectura donde les dejan revisar la documentación tras firmar un acuerdo de absoluta confidencialidad. Ni siquiera pueden comentarlo a otros eurodiputados. Además los papeles que les dejan ver no son los de las negociaciones, también llamados ‘documentos consolidados’ sino únicamente lo que propone la UE, que puede ser muy diferente de lo que finalmente contenga el acuerdo.

De hecho, sabemos por una carta de Ignacio García Bercero, jefe de negociación europea del TTIP, a su homólogo americano, Daniel Mullaney, con fecha 5 de julio de 2013, que todos los documentos de negociación del TTIP serían secretos por 30 años y que confiaban en la discreción absoluta de EEUU en cuanto a este punto. La misma carta explicaba que la documentación del TTIP es una excepción al Reglamento 1049/2001 sobre el acceso público al Parlamente Europeo. Dicho reglamento permite declarar documentos secretos acogiéndose al artículo 4. Lo cual es paradójico, porque previo al inicio de las negociaciones se produjeron alrededor de 119 reuniones con corporaciones y lobbies asociados para preparar el texto. Esto indica que el TTIP era secreto para la gente pero no para las grandes empresas.

Todas estas negativas, la creciente rumorología y las presiones tanto del Parlamento, como de los grupos civiles, hicieron que se crease un estado de alarma. Plataformas como ATTAC emprendieron un activismo directo contra el acuerdo TTIP. En palabras del Premio Nobel de Economía, Joseph Stigliz, sobre el TTIP: «No se entiende tanto secretismo, a no ser que lo que están tramando sea realmente malo«. Y es que cada vez son más las certezas que de que estamos ante un nuevo ataque del neoliberalismo a la democracia.

El 7 de noviembre de 2013 se publica un documento (retirado posteriormente) que muestra que la UE está definiendo una política de comunicación para manipular la opinión pública de cara al TTIP. En una reunión informal, el 22 de noviembre, los estados miembros acuerdan coordinarse y cooperar para presentar una opinión favorable al TTIP. Operan a nivel de prensa, información en la web de la comisión, etc., presentando siempre una opinión favorable que trata de desmentir toda la información vertida a la red por las asociaciones ciudadanas contrarias al acuerdo. Deciden así mismo, incidir en la transparencia del acuerdo y otras afirmaciones que ya habían sido negadas de facto.

El 27 de febrero de 2014 se filtra un borrador de las negociaciones secretas. El documento está fechado a 2 de Julio de 2013 y supuso una conmoción en las redes sociales. El presente artículo se basa en la información del acuerdo contenida en el borrador filtrado y no en los medios propagandísticos de la UE. Aunque debemos advertir al lector que la fecha del borrador, 2 de julio de 2013, corresponde a la primera ronda de negociaciones y desde entonces han habido 8 rondas, la última en febrero de 2014. Por tanto, el estado real de las negociaciones puede ser, en gran parte, diferente.

 

¿Qué es el TTIP?

Un tratado de libre comercio es un acuerdo que se firma entre dos o más países y que tiene como objetivo ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países firmantes. Para ello, se busca la reducción o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias (regulación) que existen en un determinado momento entre espacios económicos.

El objetivo de las negociaciones ocultadas al público es la búsqueda de un acuerdo para que ambas partes construyan una zona de libre comercio de 800.000 millones de personas, que sería la más grande del mundo hasta la fecha. Hablaríamos de unas negociaciones que comprenderían el 46% del PIB  y un 33% del comercio mundial. El tratado descrito en ese documento se denomina Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones entre Europa y EEUU (TTIP por sus siglas en inglés) y la zona resultante del acuerdo se llamaría TAFTA (Transatlantic Free Trade Area).

En realidad, la idea de hacer una zona de libre comercio transatlántica tiene ya más de 20 años, sin embargo sorprende el secretismo de estas negociaciones, especialmente porque ya funcionan otras zonas de libre comercio y porque ya existe una fuerte vinculación comercial entre Europa y EEUU. Según datos de la Comisión Europea (CE), el arancel medio de comercio en 2014 ha sido del 3%. Lo cual es ya un arancel muy bajo.

El TTIP trata de ir un paso más allá, que sería «eliminar barreras no arancelarias», lo que traducido de la retórica del acuerdo, estaríamos hablando de suavizar todo lo posible la legislación de los estados en cuanto a medio ambiente, sanidad, salud pública, propiedad intelectual, etc.

Es sabido que los lobbies siempre quieren menos regulación en sus actividades, lo cual es lógico, puesto que normalmente el control regulatorio significa trabas y menos beneficios. El problema surge en que gran parte de las regulaciones en todos los ámbitos buscan proteger el bien público (la salud, los bosques, el mar, etc.) y evitar las malas prácticas. Una de las bases buscadas con el TTIP es la de «reconocimiento mutuo» (artículo 32 del tratado) a ambos lados del Atlántico, lo cual significa que si un producto está considerado seguro en EEUU, tras la firma del acuerdo, pasará a ser considerado seguro también en Europa. Es decir, podrán comercializarse en Europa productos considerados seguros en EEUU. El problema es que las normativas a ambos lados del océano tienen discrepancias muchas veces. Generalmente la UE es más restrictiva que EEUU, así pues la firma del acuerdo dará entrada a muchos productos que ahora mismo estarían prohibidos en Europa. Por lo tanto esa armonización será a la baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Un ejemplo notable de la armonización de estándares es el uso de hormonas en la carne de vacuno. En España, durante los años 90, se registraron casos de carne con exceso de clembuterol. Era muy identificable porque al freírla se formaba un pequeño charco de agua en la sartén que contenía hormonas. En Europa, el clembuterol fue prohibido por Directiva Comunitaria el 7 de Marzo de 1988, sin embargo en EEUU es legal. El TTIP hará que vuelvan a los supermercados europeos una sustancia prohibida. Por ejemplo, en materia de salud pública, la Unión Europea tiene prohibidas más de 1.200 sustancias que se utilizarían en productos cosméticos, mientras que Estados Unidos sólo prohíbe poco más de diez. La única forma de que no se comercialice un producto es que esté prohibido a ambos lados.

 

TTIP: La constitución de las corporaciones

Hagamos un rápido recorrido por el texto del borrador filtrado del TTIP para ver un poco su esencia. El artículo 1 aclara que las medidas del tratado no afectarán a las personas que busquen acceso al mercado laboral, ciudadanía o residencia. La libertad se aplica al capital y a las mercancías o servicios, no a las personas. Salvo en el caso que (artículo 24) esta visita esté relacionada con negocios o inversiones, reuniones, etc., se permite que una empresa traiga a sus directivos, personal y profesionales si lo cree conveniente, dejándolos residir en el país durante 3 años.

El artículo 3 indica que los estados no podrán introducir ninguna limitación que no haya sido acordada en el texto. Esto indica que el acuerdo afectará a todos los niveles de gobierno de todos los estados miembros. No se podrán limitar el número de operadores, el acceso del capital privado, establecer monopolios o cualquier otra medida que afecte a los intereses comerciales.

El artículo 5 prohíbe todas las protecciones nacionales frente a los inversores extranjeros. Así pues, ya no se podrá dar ayudas por ejemplo al olivo o la ganadería porque sería un trato de favor. En realidad, esta es la estrategia del más fuerte. Normalmente las empresas americanas son las más fuertes y competitivas. En EEUU existen 2 millones de granjas frente a 13 millones en Europa. Esto indica que son empresas mucho más grandes. Permitir que compitan a igualdad de condiciones es como organizar una pelea de boxeo entre un niño de 7 años y peso pesado. Así pues, se elimina el interés general por encima del interés de las corporaciones.

Artículo 13: «si una corporación sufre pérdidas debido a conflictos armados, revoluciones, revueltas o disturbios el estado debe responder con todas las pérdidas económicas«. Así, unido al artículo 14, que prohíbe cualquier nacionalización de servicios o bienes una vez que hayan sido privatizados. Ambos dejarían sometida a la soberanía ciudadana al control de la corporación sin poder recuperar sus propios recursos energéticos o de sanidad, interés general, etc. Así se blindan los robos que constituyen las privatizaciones.

Artículo 17: «Si se decidiera poner fin al tratado, ya que alguna parte, EEUU o Europa decidieran que es perjudicial para sus intereses, una vez acordada la fecha de fin, los efectos del tratado se prolongarán durante 20 años más».

Otra gran parte del texto va orientada a proteger inversiones y se incide especialmente en el sector bancario, en el de las telecomunicaciones y el de los servicios postales. Aunque los mercados a liberalizar serían prácticamente todos.

El lector escéptico a estas alturas podría argumentar que es lógico y sensato que las inversiones extranjeras quieran proteger y aseguras sus inversiones. A fin de cuentas, también pueden perder mucho dinero si los estados receptores no les proporcionan un marco seguro donde realizar sus negocios. Y no les falta razón, sin embargo, el TTIP incluye otras medidas que ponen al capital por encima del bien público, de los ciudadanos y de los estados. El TTIP no es solo comercio, en palabras de David Schneiderman, de la Facultad de Derecho de Toronto: «El TTIP es un nuevo constitucionalismo«.

Las élites, los amos del capital, están erosionando a marchas forzadas los cimientos de la democracia y reforzando su poder sobre los estados cada vez más. Baste citar de ejemplo la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que da prioridad absoluta al pago de la deuda sobre el bienestar de los ciudadanos. En este sentido el TTIP no viene solo, trae una cláusula que es un verdadero caballo de Troya que someterá al Estado frente al capital y que se ha llamado «la industria del arbitraje», esta nueva herramienta se llama ISDS y significa «arbitraje privado Inversor-Estado». Y se resuelven en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

 

ISDS: el sometimiento de la democracia.

El ISDS es un mecanismo de resolución de conflictos entre los inversores privados y los estados. Los tratados de libre comercio tienen clausula ISDS por si alguna compañía cree que sus inversiones no se están cuidando bien, pueda demandar directamente al estado. Pero lo hace, no acudiendo a los tribunales públicos de justicia, sino con un arbitraje privado representado por abogados para la corporación, abogados para el Estado y un abogado privado que hace de Juez (y a veces de parte).

Sin embargo, como señala el político conservador británico, Kenneth Clarke, «la protección del inversor es un estándar en los acuerdos de libre comercio, diseñado para apoyar a los inversores en países donde la aplicación de la ley es impredecible”. ¿Podría considerarse que la firma de la cláusula ISDS supone una aceptación por parte de la Unión Europea de que sus tribunales son parciales y por tanto no dignos de confianza? O se puede dar otra visión alternativa, el interés en saltarse la justicia pública, en realidad desea evitar que se defienda los intereses de los ciudadanos frente a los abusos de las corporaciones, es decir, quieren los arbitrajes privados favorezcan a las empresas extranjeras frente a los derechos del país.

Se podrían formular muchas preguntas de incómoda respuesta: ¿Qué intereses tienen los abogados privados que defienden al estado? ¿Quién los elije? ¿Qué marco regulatorio establece las leyes del arbitraje? De hecho, según los movimientos contrarios al TTIP, no existe obligación por parte de la corporación anunciar públicamente que ha demandado a un estado (esto podría dañar su imagen pública).

Curiosamente, la Unión Europea el 23 de julio de 2014, en paralelo a la negociación secreta del TTIP, ha aprobado el Reglamento 912/2014 que regula la responsabilidad financiera de los estados miembros frente a los arbitrajes ISDS y, por tanto, aprobando mecanismos para la venta de la soberanía europea. En ellos se obliga a los estados a varios puntos para mayor tranquilidad de las corporaciones, por ejemplo a pagar las indemnizaciones sin demora (punto 19) y a que si un estado no estuviera de acuerdo con el laudo, la UE adelanta el pago y luego le cobra al Estado miembro repercutiéndole los costes financieros con sus intereses (artículo 19.4). Por cierto, no está pensado que los gobiernos puedan demandar a las corporaciones.

Hay que resaltar la idea de que tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Lo cual les da poderes supraconstitucionales. Estos poderes conferidos en el ISDS, son peligrosos porque se suma a ello el hecho de que no existe una definición clara de los derechos de los inversores en los procesos de arbitraje internacional.

Puesto que ya existen otras zonas de libre comercio con ISDS, tenemos ya cifras y ejemplos de estos arbitrajes. De hecho, es una «industria» (un negocio) en auge, en 1996 se habían registrado 38 disputas ISDS, mientras que en 2011, son ya 450 arbitrajes Inversor-Estado, la mayoría de corporaciones de países industrializados contra países del tercer mundo o en vías de desarrollo. También han aumentado las cantidades implicadas, como si estuvieran calculando cuánto se puede sacar. Y ahora, el TTIP, abre el mercado de la demanda al estado en Europa y EEUU. Pero veamos varios ejemplos para comprender mejor la gravedad de estos casos.

En 2009, el gobierno alemán impuso unas restricciones a las centrales eléctricas de carbón por considerarlas muy contaminantes. Esta decisión gozó de una amplia mayoría del parlamento y contaba con el apoyo de la mayoría de la población alemana. Sin embargo, la compañía eléctrica sueca demandó al gobierno por perjudicar sus intereses y le exigía 1.400 millones de euros más intereses. Lo cual supone un chantaje a la soberanía. O contamino o me pagas». Y eso siempre y cuando el estado tenga margen económico para hacerlo.

En mayo de 2013, el gobierno canadiense introdujo una moratoria al fracking porque albergaban serias dudas sobre su impacto negativo en el medioambiente. Esta decisión le costó 250 millones de dólares en una demanda ISDS interpuesta por la empresa Lone Pine.

Uno de los pocos triunfos que trajo la primavera árabe en Egipto fue el aumento del salario mínimo de 400 a 700 libras (de 41 a 72 euros). Sin embargo, para la empresa de servicios francesa Veolia, ese logro social atenta contra sus intereses y el 25 de junio de 2012, demandó al país alegando la violación del contrato bilateral de inversión suscrito entre Egipto y Francia. Veolia exige 82 millones de euros. La lectura que tiene este nuevo escenario que se quiere imponer es que si eres un gobierno, deberías pensártelo dos veces antes de favorecer al pueblo.

Todos estos hechos prueban que se está dejando sin margen a los gobiernos para proteger a sus ciudadanos de las corporaciones. Por ejemplo, Uruguay en 2010, tras comprobar que el tabaco le costaba mucho dinero en salud pública (era una de las mayores causas de mortalidad del país) y mirando por el bien de sus ciudadanos implementó una ley anti-tabaco que prohibía fumar en espacios cerrados. Aquella ley despertó las iras de la empresa Philip Morris, que presentó una demanda el 19 de febrero de 2010 exigiendo 25 millones de dólares al entender que se violaba el tratado bilateral de inversión entre Suiza y Uruguay.

Y ejemplos como este, se repiten cada vez más frecuentemente. A día de hoy son ya unas 500 las demandas de arbitrajes privados contabilizadas. Algunas incluso en compensación por beneficios perdidos a futuro, es decir, estimaciones de ganancias simplemente, como el caso de Libia, que pagó 900 millones de dólares a una empresa de capital kuwaití que tenía planeado desarrollar un complejo turístico cerca de Trípoli. Es cierto que las autoridades Libias no cumplieron su parte del acuerdo, al incumplir una cláusula del contrato, sin embargo, el proyecto estaba en un estadio muy preliminar y sólo se habían invertido 5 millones. Así pues, la compensación ascendió a 180 veces lo invertido.

Entonces, ¿Cómo nos afecta?

Cuando se habla de complejos temas económicos y sociales como este, normalmente la preocupación ciudadana es saber cómo nos va a afectar al bolsillo y, en este caso, a nuestra vida incluso. En este sentido, los favorables al tratado esgrimen como argumento un estudio de marzo de 2013 por el «Center for Economic Policy Research» (CEPR) a petición de la Comisión Europea que hace una serie de pronósticos muy favorables, como la creación de 143.000 empleos para España, un incremento del 6,5% del PIB español y el ingreso de 119.000 millones de euros anuales en toda Europa.

En el fondo, esto son pronósticos y expectativas, nada palpable. Este estudio contrasta fuertemente con otro, que para mayor sorpresa elabora el mismo CEPR. Sin embargo, el otro estudio data sobre los efectos que ha tenido para México el tratado de libre comercio conocido como NAFTA (que comprende EEUU, Canadá y México) y que entró en vigor en 1994. 20 años es un periodo más que razonable para evaluar los impactos de una medida económica de estas características.

De hecho, todos esos pronósticos favorables y triunfalistas ya se dijeron sobre el NAFTA a principios de los años 90; se decía que iba a crear 170.000 empleos que nunca se vieron. Entonces, según el estudio del CEPR, ¿Qué efectos ha tenido el NAFTA? Pues, recorriendo las 26 páginas del informe, prácticamente no se puede encontrar ninguno. De hecho en la página 23 admiten, que «[…] el resultado final ha sido décadas de fracaso económico en casi cualquier indicador económico o social«. Cosa que, siendo honestos, no es solo imputable al NAFTA. Además, en total se perdieron 1.000.000 de empleos la mayoría en EEUU, al mismo tiempo, muchos mexicanos se vieron forzados a emigrar.

Para entender cómo nos afecta habría que mirar primero a quién afecta más. Por cómo están concebidos estos acuerdos, el resultado del mismo es que se favorece a las grandes economías y se acaba perjudicando a las pequeñas. Y al decir pequeña economía, entra todo, desde empresas pequeñas, personas de clase media, o sectores pequeños de la economía de un país. Todo lo que no sea grande y muy competitivo acabará teniendo problemas.

Por ejemplo, si un país tiene un sector industrial que no es fuerte y está desarrollándose, el resultado de la firma del TTIP será que el desembarco de compañías fuertes hará que se queden con su volumen de negocio y la industria local termine desapareciendo. Este ejemplo es válido también para pequeñas empresas o empresas familiares. Ya es muy conocido el impacto que las grandes superficies comerciales tienen sobre las tiendas o pequeños establecimientos.

Para los países que aún deberían desarrollarse más industrialmente como España, Portugal, Grecia o Irlanda, el resultado será una atrofia de sus industrias, salvo que tengan algún sector especialmente potente. A los que sí beneficiará es a países con empresas muy potentes, Alemania puede estar contenta con empresas como BMW que muy probablemente funcionarán bien en un mercado abierto y para los cuales las posibilidades de exportar coches de alta gama las hace muy rentables.

En cuanto a la vida cotidiana, lo que veremos son cambios en el mercado, es decir, en los productos que tendremos al alcance. Por ejemplo muchos productos nuevos que tendrán productos químicos prohibidos en Europa y que son legales en EEUU, como los pollos lavados con cloro o la carne con hormonas. En cuanto a los servicios públicos veremos una fuerte tendencia a la privatización de sectores estratégicos, en especial Sanidad y Energía.

Para el medio ambiente, las perspectivas no son mejores, primero porque al ser una zona a ambos lados del Átlántico, será necesaria una colosal cantidad de transporte. Se prevé un incremento de hasta 11 millones de toneladas de mercancías que cruzarán el Atlántico, con el impacto ecológico y de CO₂ que eso supone. Lo respetuoso con el medio sería producir y consumir localmente como ha hecho la humanidad durante milenios. Por otra parte, los intereses de la industria, la mayoría de las veces están en confrontación directa con el medio ambiente, y dando mayor poder a los primeros, es de suponer que el este sea afectado negativamente. Especialmente porque el TTIP, siguiendo el plan energético actual de EEUU, fomentará el uso del fracking para la extracción de gas, técnica que tiene una fuerte oposición ciudadana en Europa.

Además, en Europa existe lo que se denomina «Principio de Precaución», aprobado en el año 2000, que indica que si no existe la certeza suficiente para considerar segura una práctica, producto, substancia, etc., entonces no se comercializará. Sin embargo, este principio no existe en Estados Unidos, con  lo cual, todos esos productos no aceptados en Europa podrían llegar ahora con el TTIP. Esto es especialmente interesante para la industria farmacéutica que además tiene un gran poder debido a que es el tercer sector económico del mundo por detrás del armamento y el narcotráfico.

En lo social es probable que tengamos peores servicios. No solo por la subida de precios que suele darse tras cada privatización, sino porque el texto del acuerdo impide nacionalizar un sector ya privatizado. Es famoso el caso de la privatización británica de los ferrocarriles en los años 90, la venta de British Rail supuso un estrepitoso fracaso político. La nueva y privatizada empresa, Railtrack funcionó excepcionalmente mal: Retrasos, descoordinación y dos trágicos accidentes con 31 y 7 muertos respectivamente. Ahora los ferrocarriles británicos cuestan dos veces más al estado que cuando eran públicos y dan peor servicio. Paralelamente, la remuneración de sus ejecutivos aumentó un 56%.

Otro campo que preocupa especialmente a los detractores del TTIP es el de los derechos laborales. EEUU no ha ratificado la mayoría de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente los de libertad sindical y convenios colectivos. Por ejemplo, en EEUU las negociaciones de vacaciones, sueldo, etc., se hacen individualmente con cada trabajador y generalmente el concepto de un mes de vacaciones pagadas no se suele dar. Las preocupaciones radican en que la industria americana busque reformas laborales más lesivas para los trabajadores europeos.

Además, aunque no la pidieran explícitamente, la gran competitividad que tendrán que afrontar las empresas hará que necesiten reducir salarios. Especialmente, si sus competidores tienen unas condiciones más ventajosas.

No en vano, ese escenario cada vez es más real. La competencia directa con los países emergentes como China o la India hará necesario una reducción de las condiciones salariales y laborales de Europa. ¿Cómo competir manteniendo los estándares de la Europa social?

                      

El futuro de la democracia

Como venimos denunciando desde determinados sectores, existe una agenda oculta de las élites globales. Si la crisis sirvió para desmontar el estado del bienestar, el TTIP parece querer servir a desmontar la democracia en Occidente y para ello sigue una hoja de ruta en contra de los ciudadanos europeos si es necesario.

En abril de 2014, fruto de su campaña de comunicación, la Comisión Europea lanzó en su web una consulta ciudadana para pedir opinión sobre la clausula de arbitrajes ISDS y dar apariencia de un funcionamiento democrático. Casi 150.000 personas contestaron a la encuesta obteniendo un 97% de rechazo a la inclusión de ISDS en el TTIP. La Comisión hizo oídos sordos a la consulta y anunció que a partir de ese momento solo se pedirá asesoramiento a «agentes especializados».

A pesar del secretismo, ambas partes (Estados y movimientos sociales) son ya muy conscientes de que la firma del tratado es toda una guerra. Una carta secreta filtrada con fecha 21 de octubre de 2014, demuestra que los gobiernos locales a pesar de haber suministrado poca o ninguna información a sus ciudadanos, están muy interesados en la aprobación del TTIP. Concretamente la carta, que reconoce las críticas ciudadanas al mismo y que  conoce el rechazo ciudadano al ISDS, pide por favor a los negociadores europeos del tratado que no saquen la cláusula ISDS del TTIP. Esta carta supone una traición al sentir ciudadano que los políticos conocen.

De hecho, se está haciendo todo lo posible por proteger el proceso del TTIP. Una vez que ambas partes del Átlántico hayan llegado a un acuerdo, el Parlamento Europeo no podrá debatir el texto del TTIP, podrá en todo caso aprobar o rechazar pero no debatir, ni cambiar una coma. Así pues, el tema de la aprobación se restringe a un problema de apoyos y matemáticas, sobornos, apoyos y pactos…

Por todo lo expuesto, consideramos que el futuro de la democracia occidental está amenazado. Además, el presente artículo versa sólo sobre un acuerdo de libre comercio, pero al mismo tiempo se están dando muchos más con filosofías muy similares: CETA (Tratado de Libre Comercio Europa-Canadá), TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, también con documentación secreta que busca entregar los servicios públicos a las grandes empresas), ALCA (extensión de NAFTA a todo el continente americano), CEA (Comunidad Económica Africana), MERCOSUR, etc. Ver mapa de las zonas de libre comercio en el mundo.

Todas ellas, cada vez más, dando prioridad al capital y a las inversiones en detrimento del bien público. El comercio en sí, es beneficioso, el problema es cuando se usa para desactivar todas las protecciones y funcionamientos democráticos.

De hecho, los mismos estados democráticos no creen en la democracia. Usan un doble discurso que, por una parte, va orientado a la ciudadanía y que expresa unas opiniones políticamente correctas, y por otro lado, tienen agendas que son contrarias a sus predicamentos. Por ejemplo, el 24 de junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizó una votación en Ginebra para obligar a que las grandes empresas multinacionales cumplieran con los derechos humanos en todo el mundo. Algo tan básico como eso, obtuvo el voto en contra de 14 países y 13 abstenciones. Afortunadamente 20 países votaron a favor y se aprobó. ¿Quienes votaron en contra? Los países industrializados, entre ellos España y Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene que dos supuestas democracias consolidadas voten en contra de obligar a las corporaciones a respetar los derechos humanos?

Así pues, con esta cada vez mayor concesión de poderes a las corporaciones, los estados tendrán más y más difícil la protección de sus ciudadanos. Porque ese parece ser el objetivo, dinamitar el sistema desde adentro, ya no importará quien gobierne, ni que tendencia política suba por votación, la sartén por el mango la tendrán las corporaciones y harán la guerra a quien las perjudique.

Por ejemplo, Argentina, tras la crisis del 2001 y el corralito, trató de cambiar radicalmente las políticas que le habían llevado al abismo financiero. Desde entonces ha recibido más de 40 demandas de corporaciones exigiendo astronómicas cifras en compensación. Y es que, a lo que asistimos, es a una guerra de clases hecha al más alto nivel. No es casual que la desigualdad social haya crecido en prácticamente todo el mundo en los últimos 30 años. Es fruto de una estrategia. Según un estudio de Intermon Oxfam, para 2016 el 1% de la población tendrá más dinero que el 99% restante. Y contra esto hay que movilizarse.

Recordemos que el TTIP aún no está aprobado, y en palabras de la socióloga y activista Susan George, presidenta de ATTAC, el TTIP es un tratado “vampiro”, lo cual significa que si conseguimos que le dé la suficiente luz, morirá. Sigamos denunciándolo. El próximo 18 de abril es el día internacional contra el TTIP, un buen momento para ello.