Tal día como hoy en 1904, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio.

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Y una vez puesto… costó muchos años volverlo a quitar. ¿Cómo fue el proceso de lucha social para eliminar el servicio militar?

En España, los distintos servicios militares implantados a partir de la Regencia posterior a la muerte de Fernando VII se encontraron con problemas de aceptación social. Los quintos y la posibilidad de pagar para eludir el servicio resultaban en la utilización de soldados de las clases sociales bajas para la defensa de la patria, lo cual causaba mucha animadversión entre los afectados.

Durante los últimos años del franquismo se produjeron los primeros casos de objeción de conciencia de carácter antimilitarista (los testigos de Jehová se negaban ya a cumplir con el servicio militar). En enero de 1977 se crea el MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) que propone la desobediencia civil noviolenta como estrategia de resistencia al reclutamiento obligatorio.

Cientos de sus seguidores fueron encarcelados por sucesivos gobiernos por negarse a prestar el servicio militar. En 1984 se reguló por primera vez la objeción de conciencia, de carácter restrictivo, que contó con el rechazo de los miles de objetores que hasta ese momento habían presentado alegado objeción de conciencia al servicio militar, lo que impulsó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que tardó tres años en resolverse.

En 1988, el MOC anunció la insumisión tanto al servicio militar como a la prestación social sustitutoria, iniciando con ello una desobediencia civil que conoció penas de cárcel, una solidaridad social y política muy relevante, discrepancias judiciales sobre la aplicación de las penas previstas y medidas institucionales de reducción o sustitución de las mismas como la aplicación automática del tercer grado o régimen abierto en las prisiones, medida que también fue desobedecida por los insumisos en lo que se conoce como “el plante al tercer grado”.

Las dificultades para ejecutar las penas previstas y para lograr un cumplimiento efectivo de la prestación social sustitutoria animaron el crecimiento de la insumisión y de la objeción de conciencia hasta desbordar la capacidad del sistema institucional para salvaguardar la prevalencia y acto seguido la existencia misma del servicio militar obligatorio. En esos años, la duración del servicio militar obligatorio fue reducida a la mitad en dos tiempos, de 12 a 9 meses y luego a 6 meses, en un intento de paliar la sangría de la objeción de conciencia. En 1994 el gobierno de Felipe González declaró que “los insumisos nos llevan a un callejón sin salida” (El País, 20/05/1994) y, efectivamente, en 1996 el servicio militar obligatorio fue finalmente suspendido por el gobierno de José María Aznar.

No obstante, la obligación no acabaría totalmente hasta el año 2001, un lapso de tiempo en el que el gobierno sustituyó las penas de cárcel para los insumisos por la inhabilitación o muerte civil y en el que el movimiento de insumisión optó por la “insumisión en los cuarteles”, consistente en incorporarse al servicio militar para luego desertar públicamente y así seguir promocionando el discurso abolicionanista de las fuerzas armadas.

La historia de la abolución del servicio militar en España constituye un excelente ejemplo de cambio social, que puede llegar a hacerse realidad sólo si el cambio de conciencia en la sociedad es profundo.

Según el sociólogo Max Weber, “Es el Estado es el que aspira a ser la fuente de la legitimidad del uso de la violencia”.

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